Burgos republicano quiere mostrar su apoyo a las publicaciones Deia, Gara y El Jueves en los procesos judiciales que tienen abiertos por criticar a la familia real española.
Estas tres publicaciones han sido algunos de los pocos medios de comunicación que han osado criticar abiertamente la monarquía española, lo que les ha ocasionado sufrir el acoso judicial que el estado español tiene reservado para quien muestra su disconformidad con el actual régimen.
Aprovechando la polémica en torno a El Jueves, se ha reactivado otro proceso judicial por posibles injurias graves al Rey por parte de los diarios Deia y Gara, que presentaron burlonamente la cacería de Mitrofán, un oso abatido por el monarca, satirizando sobre la información de que las autoridades rusas investigaban sobre si el plantígrado había sido previamente emborrachado.
El juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, conocido por sus actuaciones contra la izquierda abertzale, ha preguntado a la fiscalía sobre las medidas a seguir respecto a una querella del mes de enero contra los diarios Deia y Gara por presuntas injurias graves al Rey. El juez ha recibido como respuesta que se tome declaración a los querellados, instándole a que los directores identificasen a los autores de la fotocomposición y del artículo de opinión presuntamente injuriosos.
Esto sólo puede suceder en un estado como el español, que en su misma constitución consagra la desigualdad ante la ley del monarca y su familia con respecto al resto de ciudadanos. Numerosas voces han denunciado posibles fraudes económicos de la familia real y su supuesta participación en el golpe de estado del 23-F, pero por supuesto la Justicia no ha investigado esas denuncias. No sólo eso, sino que en numerosas ocasiones ha actuado contra quienes criticaban a la monarquía o contra quienes propugnan la conveniencia de erradicar la monarquía. Éste es el caso de Jaume D´Urgell, ciudadano que es acusado de colgar una bandera republicana en un edificio público al que se quiere castigar con una pena de un año de cárcel e inhabilitación especial para sufragio pasivo, y cerca de 5.000 euros de multa, además de pagar los 40 euros que costó la rojigualda que se perdió tras ser arriada para sustituirla por la tricolor, y algo más de 3.000 euros en concepto de honorarios por asistencia letrada y procuradores. A él también queremos mostrarle nuestro cariño y solidaridad.
Desde aquí queremos mostrar nuestra convicción de la necesidad de acabar con un régimen ideado por el dictador Franco que constituye un pleno anacronismo y dejar paso a una sociedad más justa, democrática e igualitaria.
lunes, 6 de agosto de 2007
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